Consideraciones, obligaciones, alertas y contradicciones
Recientemente, ha sido publicada una norma que aprueba los “Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica”, la cual busca atenuar la espiral de violencia que amenaza a los centros educativos del país. Por ello, el especialista en derecho educativo Luis Lescano nos comparte algunas consideraciones útiles al respecto.
Por Luis Lescano*
Emitido por la presidenta de la república y con el refrendo del ministro de Educación, el pasado 7 de noviembre de 2026 se publicó el D.S. 021-2026-MINEDU, que aprobó los “Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica”, respecto del cual me permito alcanzar, desde la perspectiva del derecho educativo, algunas consideraciones que pueden servir de ayuda a los directores, docentes, padres de familia, estudiantes y, en general, a las comunidades educativas de las instituciones de educación básica del país.
Reacción del Minedu: En primer lugar, creo justo reconocer la reacción de las autoridades actuales del Ministerio de Educación para encarar rápidamente una problemática que viene creciendo peligrosamente y que no solo está instalada en las aulas escolares —con un promedio de 19 mil casos de denuncias en cada uno de los últimos años— sino también en el entorno familiar, en donde la violencia física, psicológica y sexual es alarmante. Más de 168 mil casos de violencia familiar se registraron durante el 2024. Es fácil entender que esta brecha no podrá superarse solamente desde el espacio escolar.
Debate jurídico: No puedo pasar por alto, reitero, desde mi mirada del derecho educativo, la posible infracción jerárquica normativa que se advierte al regular, vía decreto supremo, lineamientos específicos y detallados sobre disciplina escolar, cuando existe una ley, de mayor rango que un decreto supremo, que concede a las instituciones educativas privadas atribuciones para fijar en sus respectivos reglamentos internos, entre otras potestades, sus líneas axiológicas y regímenes disciplinarios. Efectivamente, el artículo 3, numeral 3.1. de la Ley de los Centros Educativos Privados, modificada por la Ley 32562, concede esta potestad a los colegios privados, que se ve afectada por una norma de inferior jerarquía que debería ser de aplicación exclusiva para los colegios de gestión estatal. Esta percepción jurídica guarda concordancia con el rol que el artículo 16 de la Constitución de 1993 le asigna al Estado de coordinar las políticas educativas y de formular los lineamientos generales de los planes de estudio. Coordinar las políticas educativas significa construirlas con alguien (a la sociedad le corresponde participar en la definición de políticas educativas, según señala el artículo 22, inciso a de la Ley General de Educación) y formular lineamientos generales implica que los específicos los fija la propia institución educativa en el marco de su facultad de autodeterminación académica que la ley les concede (artículo 5 de la Ley de Centros Educativos Privados).
Omisiones en la base normativa: Ha llamado mi atención que en el listado de la base normativa de los lineamientos en cuestión no se haya incluido al Proyecto Educativo Nacional al 2036 y a la Ley de los Centros Educativos Privados, ambos de capital importancia para la educación. El primero porque se trata de políticas educativas aprobadas que marcan el rumbo estratégico de las decisiones que conducen al desarrollo de la educación (artículo 7 de la Ley General de Educación), además, de alcance nacional y cumplimiento obligatorio, que abordan la problemática de la convivencia escolar en uno de sus cuatro propósitos, el referido al “Bienestar Socioemocional”. La omisión también ocurre con la Ley de los Centros Educativos Privados que, como hemos afirmado, conceden a los colegios particulares potestades para fijar sus regímenes disciplinarios.
Roles: Destacamos el rol de liderazgo en la gestión de la disciplina que se asigna al director, con atribuciones directas en el caso de faltas graves o muy graves; el rol del Comité de Gestión de Bienestar como órgano interno responsable de la gestión de la convivencia escolar y de elaboración de las normas pertinentes, así como de dirimir en caso de duda sobre el nivel de gravedad de las faltas; el de los docentes, ejerciendo autoridad en el aula con potestades de amonestación verbal en caso de faltas leves; y, el de los padres de familia como corresponsables de la educación de sus hijos.
Obligaciones: Concentrándonos en los efectos del indicado D.S. 021-2026-MINEDU, hemos identificado algunas obligaciones que surgen para el Minedu y para las instituciones de educación básica. Para el Minedu, la exigencia de tramitar un nuevo decreto supremo, dentro del plazo de 30 días hábiles, que vence el 18 de diciembre 2026, para adecuar, modificar o derogar aquellas normas relacionadas con la convivencia escolar y alinearlas con los recientes “Lineamientos para la gestión de la disciplina de la Educación Básica”. Para las instituciones de educación básica, y, para el año escolar 2026, la exigencia de anexar o adjuntar a sus reglamentos internos y otros documentos de gestión los citados “Lineamientos para la gestión de la disciplina de la Educación Básica” dentro del plazo de 15 días calendario, que vence el 22 de noviembre 2026. Para el año escolar 2027, las instituciones de educación básica deberán adecuar y aprobar sus reglamentos internos y documentos de gestión a los “Lineamientos para la gestión de la disciplina de la Educación Básica” dentro del plazo de 60 días calendario, que vence el 6 de enero 2027.
Alerta 1: Los lineamientos establecen un mandato a los integrantes de la comunidad educativa: intervenir inmediatamente ante la ocurrencia de un acto de indisciplina (8.1. de los lineamientos). Teniendo en cuenta que el artículo 52 de la Ley General de Educación establece que la comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, profesores, directivos y administrativos, sostengo que se ha debido excluir a los estudiantes, a quiénes no deben asignárseles responsabilidades para las que no están preparados ni en condiciones de asumir y menos para ejercerlas de manera inmediata. Pueden surgir situaciones insospechadas y de descontrol si se permite que los estudiantes intervengan.
Alerta 2: Señalan los lineamientos que, en caso de un incidente de indisciplina, que constituye falta grave o muy grave, se recibirá la versión del estudiante infractor con la “posibilidad” de estar acompañado de su madre, padre o tutor. Es aconsejable que, tratándose de un menor de edad y respetando el principio del interés superior del estudiante, dicha versión se efectúe “siempre” con la presencia de la madre, padre o tutor. No hacerlo violenta el debido proceso, que la Constitución protege.
Contradicción: Hemos notado una contradicción en la norma al tipificar las faltas y determinar los supuestos de sanción. Señalan los lineamientos que constituye falta grave incurrir en tres o más faltas leves durante el año escolar (7.3.1. b). No obstante, para aplicar la medida sancionadora —de suspensión temporal— por falta grave, se considera grave incurrir en tres faltas leves durante el bimestre escolar (8.3.2.a). Es decir, se define como falta grave tres leves acontecidas en el año escolar, pero se aplica la sanción ante tres faltas leves ocurridas en un bimestre (?). Corresponderá al Minedu corregir esta evidente contradicción.
Registros: Finalmente, será necesario que los colegios tengan presente que deberán habilitar un registro, que puede constar en un libro de actas especialmente abierto para estos efectos, donde se anotarán todos los incidentes de disciplina escolar, en el que constará información objetiva, clara y cronológica de los hechos, fecha, circunstancias, nombres de los estudiantes involucrados, testigos y docente o administrativo y la firma de estos. Un registro similar sugerimos para uso del Comité de Gestión de Bienestar en el que consten las sesiones de reunión, sus nombres, elaboración de normas de convivencia y sus intervenciones en casos preventivos o correctivos de disciplina escolar
Lima, 18 de noviembre 2026
* Socio de Lescano, Lescano & Asociados, firma legal especializada en derecho educativo.
Presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo y presidente de la Red Internacional de Investigación en Derecho Educativo – Sede Perú

