El debate del proyecto de Nueva Ley Universitaria por el pleno del Congreso de la República ha suscitado opiniones encontradas. Mientras el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, se ha esforzado por explicar las bondades de la norma, sus detractores argumentan como principal punto en contra la creación de la Superintendencia universitaria que regulará el funcionamiento de los centros de estudios.

Luego de unos meses en que se postergó su debate en diciembre pasado, la discusión en torno a la conveniencia o no de una nueva ley que regule la educación superiror se ha puesto nuevamente sobre el tapete. Los que están en contra del proyecto de la Nueva Ley Universitaria consideran que su aprobación supondría un retroceso para la educación en el Perú, pues, sostienen, conseguir altos estándares educativos no se logra de la noche a la mañana por decreto. La Superintendencia en cuestión tendría atribuciones para definir las reglas a las que se sujetará la enseñanza, autorizar la creación de universidades, carreras y programas; normar contenidos curriculares, establecer requisitos de infraestructura, resolver en cualquier controversia sobre temas institucionales y sobre el nombramiento de autoridades, entre otras amplias facultades. En la práctica, esto significaría una intromisión inaceptable en la autonomía de la que gozan actualmente las universidades. Todo ello sin menoscabo de la burocracia que su creación supone y de la probada ineficacia del Ministerio de Educación para solucionar los problemas que enfrenta la educación básica en el Perú.

Otro defecto serio que se le imputa a esta nueva ley es que al intervenir en universidades recién creadas con el pretexto de la baja calidad de la enseñanza que ofrecen, estarían entrometiéndose en la actividad privada y afectando a muchos estudiantes que no pueden pagar las altas pensiones de las universidades particulares más reputadas y conocidas en el medio local. Todo esto tiñe a la propuesta de Daniel Mora de un matiz anticonstitucional.

Ante esto, una propuesta es crear mecanismos para que exista más información acerca del éxito en el mercado laboral de los egresados de cada institución. Ello, a su vez, permitiría que las personas eligiesen mejor dónde estudiar, evitaría los fraudes y promovería la competencia, lo que traería consigo una mejora en la calidad educativa (El Comercio, 28.4.14).

Daniel Mora no ha dado su brazo a torcer, sin embargo, y ha salido a defender la propuesta de creación de una Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunau), aclarando que estos instrumentos no violan la autonomía universitaria porque tienen sustento constitucional y el respaldo del Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y el Consejo Nacional de Educación. Así, expresó su confianza en que en el próximo Pleno del Congreso sí se debatirá el proyecto de ley, que fuera postergado el martes 29 pasado.

Para Luis Bustamante, rector emérito de la UPC y excongresista, «Mora caricaturiza la realidad universitaria». Señala que “hay un mensaje que yo diría esquizofrénico por parte del gobierno. Por un lado, dice que es importante la inversión privada, pero, por otra parte, no hace nada para fomentarla en la educación superior”. La Asamblea Nacional de Rectores (ANR), por su parte, ya ha adelantado que presentará una demanda ante el Tribunal Constitucional si se aprueba. “La impugnaremos, habrá acciones de amparo, porque hay 50 razones inconstitucionales de contenido y de forma que demuestran que esta ley es incapaz”, afirmó Enrique Bedoya, vicepresidente de la ANR.

En tanto, la Confiep también mostró su desacuerdo antes esta iniciativa, pues consideran que de aprobarse tal cual la nueva ley universitaria podría frenar las inversiones, debido a que se daría una señal negativa a los empresarios, quienes la califican de intervencionista. Esto afectaría no solo al sector Educación, sino a otros sectores involucrados.

De similar opinión es César Ferradas, director de Centrum online, para el cual “las universidades particulares son negocios y solo se deben supervisar como empresas”. Asevera que este proyecto de nueva ley universitaria es “peligrosísimo” porque recorta la autonomía de las universidades al imponer determinadas posiciones gubernamentales que solo debería alcanzar a los centros educativos públicos.

Según explica Ferradas, hay tres tipos de universidades: las estatales, que reciben ingresos del Estado y están sujetas a determinadas normativas; las privadas, que se crearon o no están acogidas al Decreto Legislativo 882; y las particulares, que sí fueron creadas y migraron hacia esa legislación. Así, para aplicar cualquier regulación, es necesario “separar la paja del trigo”. De acuerdo con Ferradas, el “gran problema” de las universidades es que emiten títulos a nombre de la Nación. “Un título de Harvard vale por sí mismo, un título de la PUCP vale por sí mismo, entonces, ¿por qué tienen que ser ‘fedatiados’ por organizaciones que no han dado resultados?”, se pregunta (Gestión, 29.4.14).

También han mostrado su desacuerdo las Universidades Católicas del Perú, pues manifiestan que el referido documento pretende imponer en nuestro país un único tipo de universidad, en la que se privilegie lo técnico. Asimismo, sostienen que la creación de una superintendencia de universidades «controlista e intervencionista» concentra excesiva autoridad en el poder político gubernamental. Por ello exigen un amplio debate participativo para un consenso democrático sobre el dictamen de la Ley Universitaria.

Otro de los puntos en los que ambas partes –los que están a favor de la norma y los que están en contra– tienen posiciones encontradas está referido al desconocimiento de la propuesta de la Comisión de Educación, a pesar de que, según Mora, el proyecto de nueva ley universitaria ha sido ampliamente difundido y debatido, para lo cual se invitó a todas las instituciones involucradas en la referida norma, y a aquellas que pudieran verse afectadas. Incluso, el presidente de dicho grupo de trabajo negó que exista un interés en cambiar el texto del dictamen y que se haya faltado al reglamento del Congreso al someterlo al análisis de un grupo de expertos, quienes, para contar con un documento que no requiera mayores observaciones durante su debate en el Pleno del Congreso de la República, revisarán la redacción final y concordancia entre los artículos del dictamen del proyecto de la Nueva Ley Universitaria.
Cabe anotar algunos puntos adicionales que también han generado controversia con este dictamen aprobado por la Comisión de Educación. Uno de ellos tiene que ver con la creación de filiales, que la referida norma obvia por completo. Rectores de universidades como Esan y la UPC se han quejado de que no puedan llevar su oferta académica fuera de Lima, a pesar que su calidad académica esté por encima del promedio.

Otro punto es la presencia de los estudios generales como materias obligatorias en todas las carreras, con una duración mínima de dos semestres, costumbre que algunas universidades han empezado a objetar, a pesar de que en muchos países, como Estados Unidos, por ejemplo, hay una corriente muy fuerte que busca promover el regreso a este tipo de estudios formativos.

Un artículo del proyecto de ley universitaria que ha generado más controversia es el 26. Allí se establece que las carreras o facultades que no logren acreditar su calidad después de tres evaluaciones del Sineace o en un período de siete años, serán clausuradas y disueltas por el Sunau. El problema con esta norma es que se presta a manipuleos y usos políticos para cerrar o poner trabas a universidades.

También deben resaltarse en estas breves líneas la obligación de actuar con transparencia y publicar, en forma permanente y actualizada, información en sus portales eléctrónicos [páginas web] respecto a inversiones, reinversiones, donaciones, obras de infraestructura, entre otros; así como la relación de pagos exigidos a los alumnos por toda índole, la conformación del cuerpo docente, indicando clase, categoría y hoja de vida.

Por último, con esta nueva ley el grado de bachiller dejará de ser automático. El artículo 40 señala que los alumnos deben presentar una tesis y tener el dominio de un idioma extranjero, de preferencia el inglés. Asimismo, en cuanto a la obtención del título profesional se requerirá un trabajo de suficiencia profesional, que puede ser a través de un curso de actualización o un examen. El grado solo podrá ser otorgado por la universidad en la que el alumno ha egresado.

Resulta claro que hace falta mejorar la calidad de la educación superior. En ese sentido, una nueva ley universitaria que promueva esta mejora es bien vista por propios y extraños; sin embargo, existe un abierto enfrentamiento de puntos de vista entre la mayoría de la comunidad universitaria y la Comisión de Educación del Congreso, que muestra una postura autoritaria e intervencionista.

La Asamblea Nacional de Rectores, al ser juez y parte, no ha podido solucionar una serie de problemas ocurridos en varios claustros universitarios, y ha tenido una posición laxa y complaciente en las exigencias académicas de muchas universidades, así¬ como en la creación de nuevas universidades sin los requisitos básicos. Pero de ahí¬ a crear una superintendencia todopoderosa corre el riesgo de convertirla en un instrumento político o de manipulación que no contribuirá al propósito inicial y auténtico.

El debate que se inicia a partir de la presentación del proyecto será importante para ir conciliando puntos de vista, así¬ como para redefinir las competencias, funciones y modo de elección de la burocracia de la Superintendencia, que es el punto de mayor controversia. No obstante, temas importantes como la formación de profesionales de manera escalable, es decir, que contemple primero la formación de técnicos y luego la continuación de estudios dentro de las universidades tal como lo exige el mercado, no están contemplados.

Fuentes:

Plantean que Comisión de Constitución evalúe el proyecto de ley universitaria.
Nueva Ley Universitaria: 10 puntos claves que debes conocer.
Mora confía en que habrá nueva ley universitaria.
Ven Ley universitaria.
Dictamen en la agenda del pleno.
El mundo mágico de la ley universitaria.
Pleno del Congreso inicia hoy el debate de nueva Ley Universitaria