Este mes ha aparecido el documento Elementos para un Plan de Desarrollo de la Educación Peruana en el marco del proyecto Educativo Nacional al 2036. Se trata de la propuesta presentada por el Consejo Nacional de Educación (CNE) liderado por su presidente, Luis Lescano, impulsor de dicha propuesta, basada en un análisis técnico y en consulta con diversos actores relevantes del Estado y sociedad civil, en el marco de los propósitos del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Tales elementos se traducen en prioridades y líneas de acción que buscan incidir en la implementación del Proyecto Educativo Nacional, tomando en cuenta la diversidad de voces y el marco normativo vigente.

Desde su instalación en el año 2002, el Consejo Nacional de Educación (CNE) ha desplegado diversos esfuerzos para colocar en la agenda pública los principales problemas que limitan el desarrollo educativo del país y que requieren atención urgente. Para ello, participa en la elaboración del Proyecto Educativo Nacional (PEN) y supervisa en lo posible su cumplimiento, procurando su articulación con los proyectos, estrategias y planes educativos nacionales y regionales.

No obstante, luego de un lustro de la aprobación legal del PEN al 2036, persisten problemas estructurales que obstaculizan el logro de sus propósitos: una vida ciudadana afectada por la débil cultura ética, cívica y de legalidad, la desconfianza institucional y la desinformación que erosionan la convivencia democrática; brechas educativas territoriales, socioeconómicas, lingüísticas y asociadas a la discapacidad que limitan el acceso, la continuidad y los aprendizajes; climas escolares deteriorados que afectan el bienestar socioemocional y la salud mental de las personas, así como la exposición a violencias y emergencias que interrumpen proyectos de vida. A ello se suma la escasa articulación entre educación y empleo, la limitada inversión en ciencia, tecnología e innovación, la alta informalidad y las insuficientes capacidades para una transición productiva y ambientalmente sostenible. Estos desafíos exigen actuar con urgencia, coherencia y visión de largo plazo mediante políticas sostenibles.

En un contexto de alta polarización, crisis institucional y desmedida rotación de autoridades públicas, la naturaleza convocante y articuladora del CNE resulta esencial para alcanzar consensos, sustentar las decisiones en evidencia y garantizar la continuidad de las políticas educativas más allá de coyunturas. Asimismo, la proximidad del proceso electoral 2026-2030 hace necesario contar con propuestas de acciones y rutas concretas, legitimadas, viables y orientadas al bien común. En ese marco, el CNE decidió, dentro del marco de sus funciones, elaborar el documento Elementos para el Plan de Desarrollo de la Educación Peruana (PDEP).

Para tal propósito, se realizó un análisis situacional actual del Proyecto Educativo Nacional al 2036, utilizando indicadores cuantitativos y evidencia cualitativa que permitieron identificar avances, brechas y desafíos, así como seleccionar prioridades estratégicas alineadas al PEN bajo criterios de relevancia y viabilidad.

Este esfuerzo, que articula evidencia, diálogo técnico-político y validación territorial, ofrece una cartera de prioridades y líneas de acción ancladas en el PEN 2036, que deben ser consideradas en los planes de gobierno, acuerdos de gestión intergubernamental y políticas públicas nacionales y regionales, lo cual lo convierte en un insumo técnico indispensable para los partidos políticos, el próximo gobierno y el Congreso de la República.

Dado que esta propuesta de plan de desarrollo sectorial coloca a las personas en el centro del proceso educativo, demanda un enfoque multisectorial e interinstitucional, que implica articular esfuerzos entre diversos actores del Estado y de la sociedad civil para garantizar su implementación efectiva. Se busca promover instituciones educativas participativas como espacios reales para el ejercicio ciudadano, en las que se imparta una formación ciudadana eficiente. Asimismo, se plantea asegurar la atención integral a la primera infancia como eje primario y fundamental del desarrollo humano en el territorio peruano; implementar la educación socioemocional a lo largo de toda la trayectoria educativa, que favorezca la convivencia pacífica y democrática, al tiempo que fortalezca competencias técnicas y transversales para la inserción laboral; ofrecer una educación superior tecnológica con mayor acceso y calidad; y atender la diversidad para garantizar equidad e inclusión.

Un aspecto clave en este proceso es la formación docente, tanto inicial como en servicio, en el marco de una política curricular que define con claridad el perfil de egreso, los enfoques pedagógicos y los procesos de evaluación.

El PDEP es una propuesta de carácter técnico, político y social, elaborada con una metodología participativa y que contiene 15 temas priorizados con líneas de acción específicas. Para ello, se elaboró un análisis situacional centrado en el primer quinquenio de implementación del PEN 2036 (2020–2024), a partir de indicadores cuantitativos del sistema oficial de seguimiento SISE-PEN y de evidencia cualitativa relevante.

Prioridades

La definición de prioridades y líneas estratégicas del EPDEP se basó en criterios establecidos para enfocar el plan en temas críticos y viables. Los temas prioritarios desarrollados, mediante diálogos, en Lima Metropolitana fueron: (a) escuela autónoma y participativa, (b) articulación educación-mercado laboral a lo largo de la vida, (c) formación ciudadana, (d) convivencia sin violencia, (e) gobernanza y financiamiento del sistema nacional de CTI, (f) primera infancia, (g) desarrollo docente, (h) currículo y aprendizaje, (i) trayectorias pertinentes, (j) pertinencia y diversificación, y (k) desarrollo de competencias.

En cuanto a las regiones, se priorizaron los siguientes temas: (a) articulación educación-mercado laboral (La Libertad), (b) formación ciudadana (Ayacucho), (c) competencias transversales (Cajamarca), (d) estudiantes de la educación básica con habilidades socioemocionales (HSE) desarrolladas (Huánuco y Lambayeque), (e) desarrollo de habilidades socioemocionales de las personas a lo largo de la vida (Junín), (f) escuela autónoma y participativa (Tacna y Tumbes), (g) estudiantes que acceden a instituciones educativas (básica y superior) libres de violencia (Callao), (h) formación ciudadana (Arequipa), (i) acceso y conclusión en la educación básica (Lima Metropolitana), (j) trayectorias pertinentes y calidad en la educación superior y técnico productiva (San Martín), (k) pertinencia y diversificación de la oferta educativa – currículo regional, (l) disponibilidad de infraestructura y equipamiento en las II.EE. (Apurímac), y (m) productividad y competitividad (Región Lima).

Con la información recabada en los diálogos, se elaboró la propuesta preliminar del documento EPDEP. Se consideró la consulta con expertos, que incluyó a rectores de universidades públicas y privadas, y a exministros y exviceministros.

El documento contiene un análisis situacional del avance en el cumplimiento de los propósitos del PEN al 2036. El análisis de los indicadores del Sistema de Seguimiento y Evaluación del PEN (SISE-PEN) vinculados con los propósitos revela tensiones persistentes que impiden avanzar en el corto, mediano y largo plazo.

El Propósito 1 “Vida ciudadana” enfrenta debilitamiento de la confianza democrática y de las instituciones, aunque se observa mayor participación social y resolución de conflictos socioambientales. Sin embargo, este dinamismo no se traduce en legitimidad institucional. En educación, se plantea fortalecer prácticas democráticas y competencias cívicas para mejorar la convivencia y la confianza pública.

Según la INEI-ENAHO, en 2024, el 75,2% de las personas con educación básica completa mantiene su preferencia por la democracia aun si funcionara mal, continuando una tendencia descendente desde el máximo alcanzado en 2021 (81,3%). También, en 2024, el Reniec concentra la mayor confianza ciudadana (44,9%), mientras que el Congreso y los partidos políticos registran las menores (4,2% y 3,0%, respectivamente) en un contexto de descensos generalizados y deterioro continuo desde 2021.

En cuanto a la recuperación sostenida de la participación social, en 2024, el 41,5% de los hogares participó en organizaciones sociales, consolidando cuatro años consecutivos de aumento desde el mínimo de 2020 (35,4 %) y acercándose a los niveles de 2018.

El Propósito 2 “Inclusión y equidad” parte de que, si bien hay avances en inclusión y equidad, persisten barreras estructurales como discriminación, desigualdades rurales y limitaciones socioeconómicas en el acceso educativo. La expansión de servicios no garantiza conectividad efectiva y los progresos no se traducen en igualdad sustantiva sin cambios institucionales y pedagógicos.

Se ha observado, asimismo, un estancamiento de la percepción de discriminación (INEI-ENAHO), el 10,1% de la población adulta declaró haberse sentido discriminada, manteniéndose prácticamente estable respecto de 2023 y en torno al 10% desde 2022.

En 2024, la pobreza monetaria afectó al 31,8% de las personas con lengua materna indígena y al 26,0% de las que hablan castellano, reduciendo la brecha a 5,8 puntos porcentuales, el menor nivel del periodo 2018–2024.

En cuanto a la cobertura ampliada de servicios básicos e internet en los hogares (INEI-ENAHO), en 2024, el 68,1 % de los hogares dispone de servicios básicos e internet, manteniéndose en niveles elevados tras el salto de 2023 y acumulando un incremento de 37,5 puntos porcentuales respecto de 2018.

En este mismo contexto, persisten brechas socioeconómicas en el acceso universitario (INEI-ENAHO), pues para el 2024, la pobreza (−17,9 p.p.) y la ausencia de estudios superiores en los padres (−15,2 p.p.) siguen siendo los principales factores que reducen la probabilidad de ingreso a la educación universitaria, confirmando la influencia sostenida del origen socioeconómico y educativo familiar.

La última INEI-ENAHO reveló también una mayor permeabilidad inclusiva en acceso a la educación superior no universitaria, pues la pobreza es el único factor que reduce significativamente la probabilidad de ingreso (−3,9 p.p.), mientras que la educación de los padres, la lengua materna y la dependencia familiar no muestran efectos relevantes, lo cual evidencia un acceso menos condicionado por el origen social.

El análisis del Propósito 3: “Bienestar socioemocional” muestra que en este aspecto hay avances moderados en salud mental infantil y adolescente, y en la expansión de servicios especializados. Sin embargo, la violencia doméstica, la falta de datos sobre docentes y estudiantes, y la débil articulación entre escuela y comunidad limitan una recuperación sostenida. Persiste una brecha respecto al ideal de vínculos seguros y competencias socioemocionales para toda la ciudadanía.

A este respecto, se ha observado una recuperación sostenida de la autorregulación emocional en la primera infancia (INEI–ENDES). En 2024, el 39,5% de niñas y niños de 24 a 71 meses regula sus emociones y comportamientos ante la frustración, el valor más alto del periodo y superior al nivel prepandemia, tras la caída registrada en 2020. También se aprecia un descenso sostenido de la violencia física y/o sexual contra mujeres en el hogar (INEI-ENDES); para el 2024, el 7,5% de mujeres de 15 a 49 años sufrió violencia física y/o sexual por parte de su pareja, continuando la reducción iniciada en 2022, aunque los niveles aún se mantienen altos.

En 2022, ha habido una disminución de síntomas de ansiedad y depresión en estudiantes de secundaria pública (Minedu-EHSE); el 31,6% reportó síntomas de ansiedad y el 17,6% de depresión, ambos por debajo de los niveles de 2021, lo que sugiere una mejora en la salud mental posterior a la pandemia. En tanto, se han registrado altos niveles de malestar de salud mental en el personal docente (Minedu-ENDO); en el 2021, el 61,2% de docentes declaró sufrir estrés, ansiedad o depresión, con niveles similares de apoyo psicológico (52,6%), evidenciando persistencia del malestar y la necesidad de fortalecer la atención psicosocial.

Por otra parte, se aprecia una expansión sostenida de los centros de salud mental comunitaria (Minsa); para el 2024, el país contaba con 288 centros de salud mental comunitaria, 13 más que en 2023 y casi el triple que en 2018, consolidando una red territorial en crecimiento para la atención especializada.

El Propósito 4 “Productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad” muestra avances moderados en poder adquisitivo y salud, pero persisten pobreza, empleo precario y limitaciones en productividad. La inversión en I+D es alentadora pero insuficiente, y la pérdida de bosques amenaza la sostenibilidad. Se requiere educación alineada con perfiles de alta demanda, investigación aplicada y competencias para economías sostenibles. A este respecto, ha habido una recuperación parcial del ingreso real por hora trabajada (INEI-ENAHO); en el 2024, el ingreso promedio por hora alcanzó S/ 9,0 en valores corrientes y S/ 7,9 en valores constantes, continuando la recuperación iniciada en 2022, aunque aún por debajo del nivel de 2018 en valores constantes.

En cuanto a la reducción sostenida de la población sin seguro de salud (INEI-ENAHO), en 2024, el 10,9% de la PEA y el 9,2% de la PEI no contaba con seguro de salud, los valores más bajos desde 2018, consolidando la tendencia de ampliación de la cobertura tras el pico registrado en 2020. También se ha dado una ligera reducción de la pobreza monetaria con recuperación aún incompleta (INEI-ENAHO), que en el 2024 alcanzó al 27,5% de la población (5,5% extrema y 22,0% no extrema), una disminución respecto de 2023, aunque todavía superior a los niveles previos a la pandemia.

Por último, el análisis de la recuperación del gasto en investigación y desarrollo (RICYT) reveló que, en el 2022, el gasto en I+D alcanzó US$ 901,4 millones (US$ 27 per cápita), registrando un aumento de alrededor del 29% respecto de 2021 y consolidando la recuperación tras la caída del año previo.

Finalmente, el documento reseñado plantea una serie de prioridades educativas identificadas para la implementación del Proyecto Educativo Nacional al 2036, que se mencionan a continuación.

1. Escuela participativa: Se debe implementar en las escuelas diversos mecanismos permanentes de diálogo y jornadas de deliberación escolar —como asambleas, consultas y votaciones— que permitan a la comunidad educativa expresar sus opiniones, debatir propuestas y construir de manera conjunta mejoras educativas. Asimismo, se debe difundir experiencias exitosas, organizar encuentros e implementar proyectos comunitarios con la participación de las familias, fortaleciendo el vínculo escuela–comunidad como base de una escuela abierta. Además, se debe implementar plataformas digitales de participación estudiantil.
2. Formación ciudadana: Se debe fortalecer las competencias ciudadanas en los estudiantes mediante programas o proyectos que articulan el pensamiento crítico con el respeto a los demás y la participación democrática. Esta formación se construye en la práctica cotidiana de la vida escolar, promoviendo la organización estudiantil como espacio formativo para el ejercicio activo de la convivencia y la toma de decisiones a fin de generar comunidades escolares cohesionadas y corresponsables.
3. Atención integral de la primera infancia: Se debe consolidar una gobernanza intersectorial y descentralizada para garantizar una inversión equitativa y sostenida. Esto implica la articulación de los sectores de salud, educación y protección para ofrecer paquetes de atención integral desde la gestación, fortalecimiento de entornos familiares y comunitarios protectores, y la promoción de la educación sexual integral para prevenir el embarazo adolescente.
4. Educación socioemocional: Se debe fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes a través de la incorporación transversal de competencias socioemocionales en todos los niveles educativos y la optimización de la gestión de la tutoría y orientación. Además, se debe establecer un sistema nacional de monitoreo y evaluación que genere evidencia para la toma de decisiones orientadas al bienestar y el desarrollo de las competencias socioemocionales.
5. Convivencia sin violencia: Se debe establecer la articulación intersectorial y descentralizada para prevenir, atender y erradicar la violencia en el ámbito educativo. Las acciones incluyen fortalecer la gestión de la convivencia con enfoques en derechos, preventivo, formativo y restaurativo; garantizar el acceso a servicios integrales de bienestar y salud mental; y construir entornos familiares y comunitarios seguros que promuevan relaciones positivas y corresponsables.
6. Política Curricular Nacional para la mejora de los aprendizajes: Se debe fortalecer la calidad educativa a partir de una Política Curricular Nacional que oriente, regule y actualice el Currículo Nacional de Educación Básica, asegurando su diversificación efectiva en aula según contextos socioculturales y lingüísticos. Esta debe articular la evaluación formativa de los aprendizajes con programas de nivelación y aceleración pedagógica orientados a reducir brechas de aprendizaje y promover el bienestar integral.
7. Desarrollo profesional docente: Es necesario consolidar una política integral de profesionalización que articula la mejora de la formación inicial, la formación en servicio y la carrera magisterial mediante estándares rigurosos, evaluación del desempeño con un enfoque formativo, así como el fortalecimiento de procesos de inducción y mentoría. También, se debe fortalecer las competencias, el bienestar y la revalorización social del docente como eje de la calidad educativa en todos los territorios. La formación debe habilitar a los docentes para implementar el currículo y lograr el desarrollo de la ciudadanía, la educación socioemocional, la diversificación curricular, abordar el cambio climático y fomentar la sostenibilidad ambiental.
8. Autonomía de las II.EE., gestión escolar y liderazgo pedagógico: Se debe impulsar un ejercicio progresivo y diferenciado de la gestión escolar autónoma y efectiva mediante el fortalecimiento de capacidades directivas, la redefinición de roles para priorizar el liderazgo pedagógico y la consolidación de una carrera directiva meritocrática. Asimismo, se debe desarrollar mecanismos de soporte y rendición de cuentas orientados a la mejora continua de los aprendizajes.
9. Pertinencia y diversificación del servicio educativo: Hay que desarrollar una educación intercultural de calidad en todo el sistema educativo y, a la vez, ampliar la cobertura y pertinencia de los modelos de servicio educativo ya existentes. Además, se debe operativizar los marcos vigentes de educación inclusiva e implementar itinerarios formativos flexibles y pertinentes que aseguren la continuidad de los aprendizajes. Estos incluirán estrategias de nivelación, reingreso y tutoría intensiva, priorizando la atención a estudiantes en riesgo de exclusión, con extraedad o con estudios interrumpidos.
10. Educación inclusiva en y para la diversidad: Hay que fortalecer el sistema educativo para que valore y atienda la diversidad implementando el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y un sistema de servicios de apoyo educativo funcionales en el territorio y en la escuela, así como una articulación intersectorial que garantice las condiciones de educabilidad. Asimismo, se debe desarrollar una formación docente especializada y articulada con la carrera pública magisterial. El objetivo es minimizar las barreras para el acceso, permanencia y egreso, consolidando comunidades que promuevan la inclusión y la equidad para todos los estudiantes.
11. Trayectorias pertinentes y calidad en la educación superior y técnica productiva: Es necesario desarrollar un sistema educativo coherente y regulado de educación superior y técnico-productiva mediante un marco normativo integrado, aseguramiento de la calidad (fomento, licenciamiento, acreditación, evaluación, supervisión y rendición de cuentas), programas de acceso y conclusión, carrera docente especializada, infraestructura pertinente e itinerarios modulares y flexibles, para garantizar trayectorias formativas equitativas, articuladas con el desarrollo productivo y adaptadas a las demandas del mercado laboral.
12. Articulación entre la educación y el mercado laboral a lo largo de la vida: Se debe acelerar la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones, la integración y difusión de observatorios de demanda laboral y tecnología, así como promover la formación en entornos reales de trabajo con incentivos y certificación compartida. Asimismo, debe desarrollarse el reconocimiento de competencias —incluidas las adquiridas en empleos informales— y la optimización y ampliación de la oferta de formación continua pública.
13. Financiamiento y gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sinacti): Debe fortalecerse las capacidades del Sinacti e incrementar la inversión pública y privada de la CTI. Asimismo, hay que articularla con las prioridades y sectores estratégicos del país, promover la innovación en estos campos y construir una masa crítica de capital humano altamente calificado para impulsar la ciencia, tecnología e innovación nacional.
14. Desarrollo de competencias transversales: Debe promoverse la implementación de currículos por competencias y metodologías activas que fortalezcan habilidades del siglo XXI, indispensables para la empleabilidad, el bienestar socioemocional y el ejercicio de la ciudadanía. Asimismo, se debe impulsar la medición nacional de competencias priorizadas para la construcción e implementación de políticas públicas y la divulgación científica STEM+H (ciencias, ingenierías, artes, humanidades) para formar ciudadanía crítica e impulsar la innovación.
15. Fortalecimiento de la gestión del sistema educativo: Debe optimizarse la gestión estatal del sistema educativo mediante una rectoría estratégica con calidad regulatoria, una estructura organizacional y territorial reconfigurada, una carrera pública integral y meritocrática, y un financiamiento suficiente y equitativo. Hay que promover, además, un modelo territorial con autonomía responsable y rendición de cuentas, articulado a un sistema interoperable de datos, para brindar soporte oportuno a las escuelas, cerrar brechas y orientar decisiones basadas en evidencia.

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