La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) advirtió a las 31 universidades públicas que aún no se adecuan a la nueva ley universitaria, que tienen plazo hasta el 31 de diciembre para hacerlo; en caso contrario, no accederían al presupuesto correspondiente al año 2016. A la fecha las universidades UNI, Agraria La Molina, Jorge Basadre, Agraria de la Selva, Daniel Alcides Carrión y la Universidad del Centro ya habrían realizado sus elecciones y otras diez tienen planificado realizarlo en lo que resta del año; sin embargo, hay otras 15 que no han convocado o no las han programado para el próximo año.

Entre las universidades en riesgo de ser sancionadas se encuentran la San Marcos, Federico Villarreal, la del Callao, la San Agustín (Arequipa), San Antonio Abad (Cusco), Jorge Basadre (Tacna), San Luis Gonzaga (Ica), del Santa (Chimbote) y Ucayali. La Universidad de San Marcos planea sus elecciones para antes de mayo del 2016 pero no habría realizado ningún avance para adecuarse a la ley, mientras en la UNI se desarrollará una segunda vuelta para elegir al rector al no haber alcanzado la mayoría en la primera elección.

Ocurre que dicha ley fue demandada por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Colegio de Abogados de Lima, el Colegio de Abogados de Lima Norte, el Congreso de la Republica y 6,463 ciudadanos. Sin embargo, hace unos días el TC ratificó la vigencia de dicha ley al rechazar la demanda interpuesta, con lo cual las “universidades rebeldes” se quedaron sin pretextos.

Dicha decisión fue saludada por el ministro de Educación, Jaime Saavedra: “tenemos que seguir trabajando en este proceso, que será largo y complicado, pero indispensable para lograr la mejora de la calidad de la educación”. En tanto que José Dextre, de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes) lamentó que el TC se “haya dejado guiar por un debate ideológico alrededor de la educación”. El exviceministro Idel Vexler también comentó que la drástica medida de la Sunedu “lo único que demostraría es su carácter sancionador y punitivo. En más de un año no se ha visto ninguna acción que busque mejorar la calidad de las universidades”, manifestó.

San Marcos se quedaría sin alumnos nuevos
La última información desde la Sunedu es que UNMSM es la única universidad que no ha presentado estatutos (reglamento) de acuerdo con el plazo establecido en la fecha límite que fue el 15 de noviembre, motivo por el que esta entidad interpuso una denuncia contra el rector Pedro Cotillo, a quien se le acusa de los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad y nombramiento indebido ante la 16.^a Fiscalía Provincial de Lima. A esto se suman las medidas administrativas, como suspensión de cuentas para el 2016, incapacidad para nombrar o ascender a docentes, o no disponer de fondos del Ministerio de Educación o Concytec. Y lo más grave: la Sunedu también pedirá al Ejecutivo que se suspendan los exámenes de admisión para nuevos alumnos.

Cuando todo parecía definido, el Congreso de la Republica discute un nuevo proyecto de ley que pretende dejar en sus cargos a nueve rectores que se niegan a dejar sus cargos y se oponen a la Ley Universitaria. Dicho proyecto  que se ha denominado “Ley Cotillo” es propiciado por la bancada del Apra con el apoyo de Fuerza Popular y Solidaridad Nacional, donde varios congresistas están vinculados a universidades que se oponen a la Ley. Por su parte los estudiantes de la UNMSM, PUCP, Federico Villarreal y otros colectivos se han movilizado oponiéndose a la “Ley Cotillo”, mientras el Congreso ha postergado para la segunda semana de diciembre la discusión del proyecto, aunque habría perdido el apoyo inicial en vista que el 80% de la comunidad universitaria la rechaza, así como las autoridades y una serie de columnistas se han pronunciado en contra de paralizar la implementación de la ley universitaria. Aún falta saber cómo concluirá este tema.

Algunos inconvenientes de la nueva Ley
Por otra parte, si bien el espíritu de la nueva ley busca la mejora de la calidad de la educación universitaria, y otorga cinco años a  las instituciones para adecuarse, un artículo de Semana Económica muestra algunos puntos cuestionables que podrían convertirse en problemas para su implementación, ya que algunos requisitos resultan exagerados hasta para las más prestigiosas universidades internacionales, tales como los que detallamos a continuación.

1. PPK podría ser Presidente, pero su edad no le permitiría ser rector de San Marcos
Según la lógica del actual sistema legal peruano, Pedro Pablo Kuczynski podría convertirse en el próximo presidente del Perú, pero su edad (77 años) no le permitiría ser rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ni de cualquier otra universidad pública. Ello pues la ley le prohíbe a cualquier persona mayor de 70 años ejercer un cargo administrativo en universidades públicas, y limita también su posibilidad de ser docentes (solo es posible que sean docentes extraordinarios).

Si la regla se aplicara en otros países, obligaría a jubilarse a autoridades como Chris Patten, canciller de la Universidad de Oxford (la máxima autoridad formal de la universidad), quien tiene 71 años. Marco Antonio Zago (69 años), rector de la Universidad de São Paulo (considerada la mejor universidad de Latinoamérica por QS University Rankigs), cuyo mandato dura hasta el 2018, también estaría obligado a jubilarse.

2. Para ser rector, vicerrector o decano, ahora es necesario ser doctor
La norma establece que todo rector o vicerrector de una universidad debe poseer el grado académico de doctor (artículos 61.3 y 64). Además, el decano de una facultad –a quien en teoría ‘sólo’ se le pide ser o doctor o magíster– debe ser profesor principal. Y para ser profesor principal (artículo 83.1) es necesario ser doctor.

Nosotros añadimos que Gastón Acurio no podría ser decano de Gastronomía de ninguna universidad peruana, y como él muchas personalidades de amplia y comprobada trayectoria.

3. La clamorosa falta de doctores sería otro inconveniente. Concytec ya ha revelado que el país solo cuenta con 2 mil. Incluso para ser jefe de práctica o asistente se requeriría tener título profesional.

4. La ley también establece un modelo de gestión único, sus órganos de gobierno, sus integrantes, su organización académica y una serie de requisitos que deben cumplir los docentes para ser nombrados. Teniendo como ejemplo que la universidad de Oxford tiene otra forma de gestión que ni siquiera cuenta con rector.

5. Sobre los planes, políticas y estrategias institucionales que deben ser públicos, toda institución si bien debe tener información pública, hay alguna información sensible, tales como las estrategias institucionales, que se mantienen en reserva para no alertar a la competencia –como ciertos pagos, bonificaciones a conferencistas, campañas publicitarias, etc.

6. La potencial injerencia del Gobierno sobre la Sunedu. Poco se ha discutido sobre el hecho de que la Sunedu es una entidad adscrita al Ejecutivo, de forma similar a como lo es la Procuraduría Pública especializada en lavado de activos,de donde fue removida la exprocuradora Julia Príncipetras brindar declaraciones que el exministro de Justicia consideró desatinadas. Si bien en principio la Sunedu goza de cierta autonomía y actualmente existe mucha confianza en el ministro de Educación, su dependencia del Ejecutivo resulta potencialmente peligrosa. Más aún si se considera que muchas veces las investigaciones que publican las universidades pueden ser críticas del gobierno de turno.

Habrá que esperar que así como las universidades se irán adecuando a la nueva Ley, esta se vaya amoldando y flexibilizando en temas como los descritos a fin de lograr un equilibrio que permita mejorar la calidad sin eliminar la autonomía ni intervenir en la competencia sana.