El Ministerio de Educación viene preparando un reglamento que regula la educación privada y busca actualizar la norma vigente desde hace diez años, pero este esfuerzo ha encontrado una fuerte resistencia por parte de los representantes de tal educación, pues, consideran, tiene demasiados artículos punitivos y solo se enfoca en sancionar, en desmedro de las iniciativas plausibles y de innovación. La discusión sobre este reglamento parece no encontrar conciliación aún ni un punto medio, por lo que se espera un debate apasionado y aleccionador cuando se dé a conocer la prepublicación de la norma.

 El 20 de agosto el educador León Trahtemberg, en una entrevista a RPP, manifestó que “en este momento se está discutiendo un borrador de reglamento de educación privada en el Ministerio de Educación que es un horror”, motivo por el que el Consorcio de Colegios Católicos habría pedido al ministro Jaime Saavedra que coloque gente idónea en dicha comisión.

Según Trahtemberg, la mayor parte del reglamento se enfoca en sancionar, controlar, multar y brindar una prerrogativa a los funcionarios para decidir qué es una falta y qué multa imponer, en lugar de ser un incentivo, alentar el aporte, difundir los desarrollos y las innovaciones. Es una normatividad asfixiante y controlista, “meten a Indecopi hasta para los estornudos”, concluyó.

El jueves 25 de agosto el diario Gestión tituló en portada: “Faltas en colegios privados podrían llevar a la cárcel a sus propietarios”. Se planean 55 sanciones en vez de las 40 vigentes, contemplándose desde multas hasta la clausura de colegios. En amplio informe, los funcionarios del ministerio defendieron la iniciativa y anunciaron que la propuesta sería sometida a los actores involucrados, a fin de actualizar y modificar la norma que está vigente desde el año 2006. Javier Palacios, director general de Calidad de Gestión Escolar del Ministerio de Educación (Minedu), declaró que el documento no se está elaborando de manera secreta y estará listo en setiembre para su debate; la alarma que se ha levantado es innecesaria.

El educador Hugo Díaz destacó que la educación privada se ha convertido en un sector muy importante, ya que de representar el 12%, ahora llega hasta el 30%, y en ciudades como Arequipa y Lima representa el 50%, motivo por el que requiere de una reglamentación que por un lado incentive nuevas iniciativas y, por otro, obligue a que los colegios cumplan estándares mínimos de calidad o, de lo contrario, serán cerrados. León Trahtemberg vuelve a la carga y comenta un proyecto de reglamento con 91 artículos que contiene 80 motivos de sanción, con multas draconianas, en su afán de controlar y fiscalizar a instituciones que dan mal servicio.

El 26 de agosto el ministro Jaime Saavedra declaró que no se puede permitir que haya estafas en colegios privados; el Estado apoya la existencia de un sector privado sano y fuerte que ofrezca un buen servicio. Seguidamente manifestó: “Lamentablemente, el mundo privado es muy heterogéneo, hay escuelas excelentes, existen iniciativas empresariales con fines de lucro y de buena calidad; tenemos otras asociativas sin fines de lucro y religiosas. Existe una muy buena oferta privada, pero lamentablemente también existe una muy mala oferta”. Continuó: “Se requiere regular, y si uno regula y lo hacemos mal, justos pagan por pecadores, y eso se debe evitar”.

Aseveró que el reglamento se ha visto aún de manera informal y que está en proceso de consulta con algunas instituciones, luego de lo cual se prepublicará para su debate. Refirió que actualmente se cuenta con una reglamentación muy antigua, por lo que se requiere unificar criterios para que haya una mejor guía para los colegios. Además, un reglamento como este no impide la creatividad ni la innovación en las escuelas privadas, sentenció.

El ministro insistió en que, por un lado, se tiene que proteger el derecho del estudiante y del padre, y, por otro, no se puede ir al extremo de ser punitivo y fastidiar a escuelas que están haciendo bien su trabajo.

Para Ricardo Cuenca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), los colegios también debieran tener una superintendencia para regularlos, la situación de la educación básica es de menor calidad que la universitaria y las quejas de los padres se hacen ante Indecopi porque los colegios tienen fines de lucro; por tanto, la regulación no debe limitarse a las universidades sino también extenderse a las instituciones privadas de educación básica.

Al tener los colegios fines de lucro, la educación se toma más como un servicio que como un derecho, por lo que las quejas son ante indecopi al tratarse de un atentado contra el consumidor y no contra el derecho a estar educado. En las investigaciones realizadas, se encontró que hay colegios que cobran a los padres de familia por materiales y luego fotocopian los libros que el Ministerio de Educación distribuye gratuitamente, o colegios que usan las losas deportivas del barrio. Desde este punto de vista, lo más complejo es entender por qué los padres prefieren colegios privados, pero debe haber una regulación mínima.