Luego de meses de fallidas negociaciones con el Vaticano, mediante el Arzobispado de Lima, para que la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) adecue sus estatutos a la constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae, tal como lo pidió la Santa Sede el 21 de febrero –que, entre otras cosas, le da derecho al cardenal, fuese quien fuese, a elegir al rector de dicha casa de estudios, de una terna propuesta por la Asamblea Universitaria–, la Secretaría de Estado de El Vaticano decidió prohibirle a la PUCP que use los títulos de “pontificia” y “católica” en su denominación, suprimiendo la concesión que le fue otorgada en 1942.

Acto seguido, el Rectorado de la PUCP se reunió en Asamblea Universitaria el lunes 23 de julio para analizar el decreto emitido por la Santa Sede. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la PUCP, Sigrid Bazán, admitió que si bien este decreto es irrevocable, no puede estar por encima de la legislación peruana. Mientras que el cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani, señaló que aún podría realizarse una rectificación si modifican sus estatutos conforme a la ley canónica. En una carta que acompañaba al decreto, el Vaticano responsabilizó al rector Marcial Rubio por la sanción emitida.

Las opiniones no se hicieron esperar, pues tal decisión generaría una serie de consecuencias, sobre todo patrimoniales. El destacado jurista sanmarquino Juan Vicente Ugarte del Pino sostuvo, por ejemplo, que el decreto emitido por la Secretaría de Estado del Vaticano, al proceder con el retiro de los títulos de “Pontificia” y “Católica”, le niega también a dicha casa de estudios el derecho de conservar los bienes de José de la Riva-Agüero en vista de que estos fueron cedidos en virtud de estar ligada a la Iglesia.

Asimismo, un diario local recordó que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuando dejó los títulos de “Real” y “Pontificia” devolvió los bienes a la Iglesia (en ese entonces en poder de los jesuitas), a excepción del Convictorio de San Carlos, dando así a entender que hay un antecedente de devolución de bienes.

Por su parte, el profesor de la PUCP Mario Castillo Freyre señaló que es necesario que las autoridades de la universidad decidan retomar el diálogo con la Iglesia católica, ya que de seguir con su actitud reacia el rector y otros deberían presentar su renuncia.

El martes 24 de julio, el diario El Comercio criticó, en su espacio editorial, el accionar de las autoridades de la PUCP, pues, argumentan, desde su fundación, en 1917, esta casa de estudios aceptó todas las reglas que le impusiera la Iglesia, a la cual presentó sus estatutos.

Rechazo e intereses
El rector de la PUCP, Marcial Rubio, rechazó el decreto del Vaticano que les prohíbe usar los títulos de Pontificia y Católica. Anotó que los bienes son de la universidad y que esta se rige por las leyes peruanas. En ese tenor, la Asamblea Universitaria emitió el 23 de julio por la noche un comunicado en el cual expresó unánimemente su disconformidad con el decreto enviado por el Vaticano sobre el retiro de los títulos de ‘Pontificia’ y ‘Católica’. “La comunidad universitaria se reafirma en su decisión de continuar utilizando su denominación oficial amparados en la legislación peruana”, se lee.

También expresaron que deploran el decreto emitido por la Secretaría de Estado de la Santa Sede y harán prevalecer el compromiso que tienen para con los estudiantes, profesores y trabajadores; reiteran su compromiso con los valores católicos que la inspiran y la alientan cotidianamente; y respaldan la gestión que viene realizando el Rectorado de la Universidad.

Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, Orlando Velásquez, dijo que la Pontificia Universidad Católica del Perú puede emitir títulos bajo su denominación actual y respaldó a su rector, Marcial Rubio. Añadió que la PUCP está protegida por la Ley Universitaria peruana, por ello, puede cumplir sus actividades con normalidad y puede seguir otorgando grados y títulos a nombre de la Nación, que serán inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la ANR.

Por su parte, la Conferencia Episcopal recomendó a la PUCP que acate la decisión del Vaticano. El sacerdote Luis Gaspar, miembro integrante del Tribunal Eclesiástico, declaró, el martes 24 de julio, que la Santa Sede, a través de su representante, la Nunciatura Apostólica, tendrá que contactarse con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer cumplir la decisión del Vaticano de quitarle el estatus de “Pontificia” y “Católica” a la PUCP.

Horas después, Marcial Rubio afirmó, durante una entrevista con la cadena CNN, que es el interés económico y de poder lo que motiva el conflicto que tiene el Arzobispado de Lima con esa casa de estudios. Asimismo dejó entrever que la PUCP podría cambiar de nombre más adelante. No obstante, aclaró que no se le puede prohibir a una institución de prestigio internacional cambiar de nombre de un día para otro.

Disenso
En opinión del profesor principal del Departamento de Derecho de la PUCP, Mario Castillo Freyre, los mensajes contradictorios al interior del claustro universitario se deben a una estrategia puesta en marcha que busca agudizar la ruptura con la Iglesia Católica para ir al terreno judicial.

En ese sentido reveló que desde hace 5 días, un grupo de profesores de esta casa de estudios vienen articulando una manifestación “para promover el diálogo y la sensatez que se ha perdido”. Castillo Freyre agregó que al interior de la PUCP muchos académicos consideran que Marcial Rubio no debe seguir más al frente del rectorado, “con la mayor pena pero ya no podemos hacer más, no podemos decir que estamos de acuerdo”.

“El lío de la universidad no es un tema con el cardenal Cipriani, el problema lo tiene la Universidad con el Estado Vaticano”, dijo.

El también profesor principal del Departamento de Derecho de la PUCP, Aníbal Quiroga, reveló que, aunque suene insólito, el Rectorado Universitario nunca pidió la opinión de la terna de expertos en derecho constitucional con la que cuenta la casa de estudios en lo que duró el conflicto con las autoridades eclesiásticas.

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Salvador Piñeiro, publicó un comunicado en el que expresa, en nombre de todos los obispos de Perú, su “plena adhesión” a la decisión del Vaticano de prohibir el uso de los títulos de ‘Pontificia’ y ‘Católica’ a la hasta antes denominada Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Como se sabe, desde 1999, la Iglesia Católica y dicha universidad se enfrascaron en una controversia por la administración de los bienes que hasta el día de hoy se ventila en los tribunales peruanos, a pesar de que todas las propiedades le pertenecen a esa casa de estudios. El Arzobispado, no obstante, considera que al no respetarse la voluntad testamentaria del fundador José de la Riva-Agüero, los bienes de la PUCP deben pasar automáticamente a la Iglesia.

Reunión en la PUCP
El diario Correo informó que el miércoles 25 de julio, el rector Marcial Rubio, ante unas 5000 personas –entre docentes, trabajadores y estudiantes– hizo hincapié en que se trató por todos los medios de llegar a un “acuerdo pacífico” con la Iglesia, pero no fue posible. En ese sentido, tildó de “terrorista” al sacerdote Luis Gaspar Uribe, juez del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Lima, que preside el cardenal Juan Luis Cipriani.

A su juicio, Gaspar intenta aterrorizar a los alumnos cuando afirma que la universidad no podrá emitir títulos e insta a no pagar las pensiones de enseñanza. “Eso es tratar de infundir miedo a 22 mil alumnos y tres mil profesores (…) ¿Y sabes cómo define eso la Real Academia de la Lengua? Terrorismo. Eso es terrorismo. Y totalmente infundado. Porque la Asamblea Universitaria ha dicho que mantiene normalmente sus actividades académicas y puede emitir grados y títulos, y que serán debidamente registrados por la Asamblea Nacional de Rectores. Entonces, el padre Gaspar es un terrorista. Y el padre Gaspar es un vocero oficial del Arzobispado. Es el presidente del Tribunal Eclesiástico. Así trata el Arzobispado de Lima a la PUCP”, expresó.

Hay que destacar que en aquella reunión los 5000 asistentes respaldaron ampliamente, antes y después de la exposición del Rector, al equipo Rectoral en las acciones que se vienen desarrollando. Se sabe que al interior de la PUCP hay gente que no está de acuerdo, pero no se nota movimiento en contra y tampoco tendrían poder de convocatoria.

Para Marcial Rubio, la universidad tiene su nombre reconocido por la Ley Universitaria e Indecopi y por lo mismo el decreto emitido por el Vaticano no afecta (ni afectará) sus actividades académicas. Además, insistió, al ser reconocido por la ANR puede expedir sus grados y títulos a nombre de la nación sin problemas. En esa misma línea indicó que son propietarios absolutos de todos los bienes y que ello no está en tela de juicio.