Hace unas semanas, cuando todos esperaban la discusión postergada nuevamente de la Ley Universitaria, que sigue mostrando un fuerte rechazo por un sector importante de universidades públicas y privadas, el Ejecutivo se adelantó a dicho debate y presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que busca crear la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la cual asumirá las funciones de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu). Se espera que ambos organismos queden desactivados debido al pobre desempeño que han tenido en cuanto a los objetivos para los cuales fueron creados. Además, se les atribuye responsabilidad directa en la baja calidad de la educación superior en el Perú.

Esta Superintendencia quedaría bajo la administración del Ministerio de Educación. ¿Cuáles serían las funciones del Sunedu? En principio, el otorgamiento de las licencias de funcionamiento de los centros de educación superior, así como su eliminación o no renovación. También la supervisión de las condiciones básicas de calidad educativa (ninguna universidad está entre las 500 mejores del mundo), administración del registro nacional de grados y títulos, la fiscalización del uso de recursos, entre otras.

Por ejemplo, el desorden administrativo ha hecho posible que de un total de 140 universidades que funcionan en el país, entre públicas y privadas, a diciembre del 2013 más de 50 funcionan con autorización provisional, y 3 de ellas desde hace más de 10 años, según el Conafu. Así, universidades como la de Desarrollo Andino, la Privada Sergio Bernales y la Nacional Intercultural de la Amazonía, no han regularizado su situación y trabajan con la autorización “provisional” desde hace más de diez años, sin que ninguna norma se lo impida. (Gestión, 19.5.14).

Cabe precisar que el dictamen del proyecto de nueva ley universitaria ya contemplaba la creación de una superintendencia universitaria, pero ante la avalancha de críticas y de manifestaciones en contra de su ratificación por el Congreso de la República, el Gobierno optó por presentar un proyecto en versión mejorada, y que tiene la ventaja de que puede ser explicado con más calma, a pesar del carácter de urgencia que supone.

Además, no ha sido el único proyecto presentado. La bancada de Gana Perú presentó el 20 de mayo un proyecto de ley que crea la Superintendencia Nacional de la Universidad Peruana. Esta iniciativa que establece un organismo similar ha sido impulsada por el legislador Rubén Condori. En este proyecto se detalla que las universidades mantendrán su autonomía, ya que no dependerían del Ministerio de Educación. Además, el Consejo Directivo estaría integrado por seis miembros y un representante de Educación, entre otros aspectos.

Así las cosas, el 19 de mayo apareció en El Comercio un artículo («Buscando el justo medio») del ministro de Educación, Jaime Saavedra, que pretende ser una justificación de motivos a la nueva propuesta del Ejecutivo, considerando «la necesidad del Estado de recuperar el irrenunciable rol rector de la educación superior”, dejado de lado durante 30 años. Por su parte, la Comisión de Educación acordó convocar a Saavedra para que informe sobre dicho proyecto de ley.

En su artículo de El Comercio, Saavedra pone énfasis en la obligación del Estado de asegurar para los jóvenes una educación universitaria de calidad, lo cual supone brindar una educación de excelencia internacional que actualmente no reciben, y que se ve coactada por una autonomía mal entendida. De ahí la necesidad de regular eficazmente la educación superior en nuestro país. Sin embargo, sostiene Saavedra, esta regulación no debe estar “en los extremos absurdos” (auotorregulación vs. limitación a iniciativas de mejoramiento de la calidad), sino en el “justo medio”. Para ello, se hace necesario establecer una política nacional para la mejora de la calidad de la educación superior, basada en cuatro pilares: sistemas de información, fomento de la calidad, acreditación y licenciamiento.

Además, para evitar que esta institución sea “capturada”, tendrá un consejo directivo compuesto por dos representantes del Estado y cinco miembros seleccionados por concurso público, que deberán contar con la opinión favorable del Consejo Nacional de Educación. Este esquema, dice Saavedra, hace más difícil que esta institución sea controlada ya sea por las instituciones que brindan el servicio o por el gobierno de turno.

No obstante, como bien aclara el ministro de Educación, este proyecto de superintendencia no viene a sustituir a la nueva ley universitaria que sigue en debate, sino a complementarla, con el fin de ofrecer una educación de calidad a todos los estudiantes de educación superior, que no tendrán que esperar cinco años para constatar que su inversión ha valido la pena o ha sido en vano. Justamente a eso apunta el pilar relacionado a los sistemas de información, que busca facilitar indicadores de características de la universidad, empleabilidad y salarios por centro de estudios y carrera. El postulante sabrá así qué tan exitosa y fiable es la universidad a la que desea ingresar, así como el nivel de inserción laboral de sus egresados, entre otros puntos.

Reacciones

Esta iniciativa no ha variado sustancialmente la opinión ya formada de los diversos sectores políticos, que la asocian demasiado en sus objetivos con la ley que se debatirá en esta legislatura. Un sector minoritario la ve con buenos ojos y con la expectativa de que el actual ministro y su equipo puedan implementarla satisfactoriamente, pues, dicen, busca perfeccionar el dictamen de la nueva ley universitaria, pendiente de ser aprobado por el pleno del Congreso. Así, por ejemplo, el exrector de la UNMSM, Manuel Burga se pregunta que por qué hay tanta oposición a la ley universitaria. “La nueva ley es seguramente perfectible, pero su intención explícita es devolver la calidad, la dignidad y perspectiva nacional a la universidad peruana”, afirma.

Por su parte, la oposición aún mantiene la idea de que la creación de una superintendencia nacional de educación superior sería una entidad de “control político”, tal como lo sostiene la Confiep, y sugieren que más bien se aplique la ley para cerrar aquellas universidades que no contribuyen en mejorar la sociedad.

Para el exministro de Educación Nicolás Lynch, el proyecto del Ejecutivo que crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) implica la intervención del gobierno y deforma el dictamen de la nueva Ley Universitaria, aprobado en la Comisión de Educación, presidida por el congresista Daniel Mora. Sostiene que los miembros de dicha instancia deben ser elegidos por los docentes de la comunidad universitaria –tal como lo plantea Mora– y no elegidos mediante concurso público de «ciudadanos notables».

Una posición intermedia es la del sociólogo Sinesio López Jiménez (La República, 22.5.14), quien ha mencionado que el proyecto de la nueva ley universitaria ha sido trabado por fuerzas externas al Congreso. En ese sentido, existen al menos tres grupos de interés que prefieren el statu quo y que se oponen al nuevo proyecto en defensa de la autonomía universitaria por conveniencia: la ANR, las universidades privadas (universidades-empresa) y las universidades asociativas (como el caso de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, cuyas autoridades se autoimponen astronómicos sueldos). Es por ello que considera que si bien la propuesta de la nueva ley universitaria del Congreso «no es la divina pomada», el debate en el Legislativo «puede hacerla mejor que la mediocre y caótica situación actual. Hay felizmente buenas universidades públicas, asociativas y privadas, pero en la mayoría reinan la mediocridad, las mafias y las ambiciones desmedidas», anota.

Definitivamente, el sistema actual con el que funciona la educación superior y, particularmente, las universidades es caótico. Para nuestra población de 30 millones tenemos 143 universidades, mientras que Brasil (195 millones) tiene 246, México (118 millones) 146 y Chile (17 millones) 77 universidades. Y de ese total, sólo 3 universidades peruanas están entre las 300 mejores de Latinoamérica, lo cual se agrava sabiendo que están en cola para su creación más de 40 solicitudes de nuevas casas superiores de estudio. Se requiere, pues, de un ente regulador que cambie esta grave situación.

Por parte de las universidades públicas, el Congreso de la República –dentro de su política populista– de manera irresponsable, en los últimos años, ha dado sendas autorizaciones para la creación de 13 universidades en una serie de regiones y pequeñas provincias que, por supuesto, no contaban con ningún presupuesto. El caso más notorio y escandaloso fue la creación de la Universidad Autónoma de Tayacaja.

Por otro lado, la Confiep sostiene que el mercado educativo no debe regularse, pero como señala el investigador de Centrum Católica Daniel Salas, esto es como disparase al pie, porque son los empresarios, justamente, los que sufren de la falta de profesionales calificados debido a la deficiente formación de parte de la mayoría de universidades. Ellos, por el contrario, deben alentar proyectos como el de Tecsup y UTEC, que brindan estupenda oportunidad de buena formación a muchachos talentosos, independientemente de su capacidad económica.

La ley dispone, con buena intención, que los docentes deben ser titulados con maestrías y doctorados, pero la realidad es que no hay suficientes catedráticos ni para las universidades existentes. En tal sentido, se debe llevar a cabo un agresivo programa en convenio con prestigiosas universidades extranjeras y locales para formar un grupo suficiente de profesionales e investigadores que puedan cubrir la demanda.

Finalmente, recogiendo la propuesta deI especialista Salas, en lugar de crear una superintendencia que puede prestarse a recortar la autonomía o a favores o venganzas políticas, se debería contratar una acreditadora internacional prestigiosa e independiente que evalúe y supervise a las universidades.