Podríamos asemejar esta conocida “frase-barra” futbolera al  grito de miles de estudiantes que en los recientes días empezaron una huelga.

Pero, ¿cuáles fueron las razones? ¿qué buscan estos estudiantes? ¿qué opina el Gobierno?

Haremos un análisis cuidadoso para hallar respuestas.

En el caso chileno actual subyace la aplicación de un modelo económico de corte neoliberal. Eneste país el rayado de cancha mercantilista para la educación tiene larga data y se encuentra en sintonía con lo que ocurre en ámbitos como el de la salud, el sistema previsional y otros.

El Chile de 2011 es un país que ha experimentado grandes transformaciones, con un nivel de sintonía en algunos aspectos con los países emergentes y el mundo desarrollado. Aunque esto último es parcial, más bien, aparente, y en momentos contradictorio, es parte, errado o no, del imaginario nacional. Aún las desigualdades, existe un acceso casi generalizado –aunque diferenciado, por supuesto- a bienes de consumo que pueden entenderse como –o confundirse con- bienestar. Estos son parte de los elementos que han influido en la percepción de los chilenos hasta ahora. En este marco, nos hemos acostumbrado a un país donde la mayor parte de las necesidades de los ciudadanos se satisfacen mediante el juego de la oferta y la demanda en el mercado. Aunque existe un sistema estatal de protección social, éste se encuentra focalizado a un porcentaje muy minoritario de la población, dentro del 20% más pobre. Así, la mayor parte de los ciudadanos paga por lo que requiere, incluidos algunos de los derechos más esenciales, y tiene hipotecado su futuro con deudas que superan con creces sus ingresos presentes.

Prácticamente, no existen recursos ni servicios cuya producción esté reservada al Estado, teniendo éste un rol meramente subsidiario. En este marco, los servicios que provee el Estado en el dominio de la educación superior, se entregan bajo un modelo de autofinanciamiento que ha sido progresivo. En el caso de las universidades estatales o privadas subvencionadas sin fines de lucro, el autofinanciamiento ha significado que los recursos provistos por el Estado en la forma de aportes basales permanentes hayan disminuido a una cifra que no supera en promedio el 20%. Si a este último número se suma otros aportes recibidos por la vía de los fondos concursables , los cuales son variables en el tiempo, para docencia, investigación o transferencia tecnológica, el resultado es que un 60% en promedio de los recursos de las respectivas instituciones son ingresos autogenerados, la mayor parte proveniente de los propios estudiantes, a través de pagos directos o créditos que ellos mismos contratan.

La huelga de los estudiantes universitarios chilenos resulta ser entonces, la huelga de los “clientes” de estas instituciones. Estas universidades desarrollan un complejo quehacer, que en mayor o menor medida incluye la investigación y extensión, además de la formación de profesionales. La concurrencia e interrelación de todas las funciones universitarias son las que aseguran una formación integral de profesionales y ciudadanos. Pero, el presupuesto se alimenta principalmente de las “ventas” de sus servicios educacionales.

Si hacemos una analogía de este conflicto, ¿cuál sería el impacto sobre una empresa de una huelga donde sus clientes dejan de comprar sus productos o servicios? ¿Cómo enfrentaría esta empresa el conflicto para resolverlo?

Un símil exacto de esta huelga estudiantil en el marco de las empresas u otros servicios privados o del Estado es difícil de encontrar. Si los clientes de una empresa del ‘retail’, por ejemplo, deciden dejar de comprar en ella, las razones de ese movimiento social estarán esencialmente en lo que esa empresa hace o deja de hacer. Será el cansancio y la indignación surgidos del abuso, de las prácticas no éticas, la fuente de la protesta de sus clientes, que de esa manera presionarán sobre la empresa. En ese caso, entonces, la solución del conflicto pasará directamente por lo que la empresa pueda ofrecer a sus clientes para compensarlos y recuperar su confianza.

En el caso de estas “empresas” educacionales con participación del Estado –estatales, propiamente, o subvencionadas- la protesta de sus “clientes” plantea demandas donde los llamados a satisfacerlas no son precisamente las propias instituciones sino un tercero: el gobierno en representación del Estado. Por consiguiente, la institución universitaria es casi un espectador del conflicto, que poco puede ofrecer para ayudar a resolverlo. Es más, aunque las instituciones tienen por sí mismas demandas que sintonizan en parte con las del movimiento estudiantil, cuestiones como la gratuidad de los estudios –aunque pueda compartirse como principio- no necesariamente tienen que ver con sus intereses específicos inmediatos, pues la satisfacción de ello por el Estado solo significará que los recursos que otrora venían de las familias provendrán del Estado por medio de subsidios. La forma de financiamiento de los estudiantes no cambiará el fondo de cómo estas instituciones desarrollan su labor.

Las instituciones como espectadoras del conflicto no resultan indemnes. Justamente, la paralización de sus actividades les priva, en el actual esquema, de una de sus fuentes principales de financiamiento y, por consiguiente, la presión del movimiento estudiantil se plasma también sobre las propias universidades. Cada día de paralización, tiene un costo significativo para las universidades que cobijan a los estudiantes movilizados. Este costo no solo se restringe al corto plazo; también, tiene impacto sobre el mediano plazo. La universidad autofinanciada es una empresa que no solo deja de percibir ingresos en el presente, pues los estudiantes no pagan o suspenden sus estudios, entre otros con un efecto directo sobre la transferencia de fondos por parte del Estado. Al mismo tiempo, la imagen que proyecta una universidad que no logra desarrollar sus funciones es para sus potenciales futuros estudiantes una institución de riesgo y baja credibilidad. Esto afectará la admisión futura de estudiantes.

Por consiguiente, aunque el destinatario de esta protesta es el gobierno, en algún momento éste encuentra un aliado natural e inevitable –forzado, sin duda- en las propias instituciones afectadas por las movilizaciones, cuya sustentación en un corto y mediano plazo se ve amenazada por el conflicto. Por supuesto, también los propios estudiantes movilizados sufren los efectos de su protesta de manera directa, cuyas expectativas profesionales son mermadas o retrasadas.

La pregunta es evidente. ¿Por qué el gobierno podría tener urgencia en resolver las demandas estudiantiles que en lo inmediato tiene un costo tan alto para los propios demandantes y las instituciones involucradas? Tal vez, solo debe esperar hasta que “el cadáver de su enemigo pase frente a su puerta”.

La mayoría de los chilenos cree en los cambios que se han propuesto. Las comunidades universitarias, especialmente en las universidades públicas, compartimos muy mayoritariamente la crítica al modelo de sociedad que vivimos y el papel omnipotente del mercado en la provisión de educación. Entendemos, quizás con algunos matices, que en una educación de calidad, elevada al nivel de derecho fundamental de la persona y concebida como el mecanismo de desarrollo económico y humano de la propia sociedad está el futuro del país. Quizás, lo que se acerca a la unanimidad es la posición que nuestros estudiantes deben dejar de ser los clientes de la educación.

Fuente: Página web Generacion80.cl