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   ¿Autonomía o privilegios?

La nueva ley universitaria enciende la pradera

La Comisión de Educación del Congreso de la República ha venido debatiendo el proyecto de la nueva Ley Universitaria, el cual plantea exonerar del pago del Impuesto a la Renta a los centros de estudio que inviertan sus utilidades. Asimismo, aprobó la creación de una superintendencia nacional de la universidad peruana, adscrita al Ministerio de Educación (Minedu), encargada de normar, regular y coordinar la educación universitaria. El organismo supervisará la calidad de la educación y fiscalizará el uso de recursos.Sin embargo, se supo que la idea de poner a las universidades bajo la tutela del Ministerio de Educación no figuraba en el proyecto enviado por el Ejecutivo, que establecía tal autoridad solo para los institutos de educación superior.

El rechazo de los distintos entes involucrados en los alcances de esta medida no se hizo esperar. Los docentes, por ejemplo, no aceptan la adscripción de universidades al Minedu ni la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pues consideran que vulnera la autonomía. El presidente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú, Ciriaco Zúñiga, aseguró que su organización presentó una propuesta para modificar la mencionada ley; además, propone la creación de un Consejo Nacional de Universidades.

Hay que precisar que no es toda la ley la que está en juego todavía. La Comisión de Educación aprobó el 10 de junio solamente el Capítulo I del dictamen de la nueva ley universitaria, ratificando la autonomía universitaria y creando la Autoridad Nacional de Educación Universitaria como máximo ente normativo en los claustros universitarios.

La congresista aprista Luciana León denunció que se pretende aprobar “al caballazo” la nueva Ley Universitaria, que se debate en la Comisión de Educación del Parlamento. “No podemos permitir que se pretenda aprobar en cuatro días dicha norma”, dijo tras el visto bueno de un primer capítulo de 11 artículos.

El presidente de dicho grupo de trabajo, Daniel Mora, sostuvo que la nueva ley en debate no vulnera la autonomía de sus instituciones y que cuando se habla de una nueva autoridad se refiere a asumir las tareas que tenía el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu), a fin de supervisar y garantizar la calidad de la educación que reciben los estudiantes peruanos y fiscalizar el uso de los recursos que se les asignan.

La Asamblea Nacional de Rectores (ANR), mediante pronunciamiento, manifestó su rechazo a este proyecto, pues discrepan con que se pretenda someter a la universidad peruana al Poder Ejecutivo y a los intereses políticos del Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación (Minedu). Precisan, además, que sí están a favor de una educación universitaria de calidad que brinde oportunidades de desarrollo a los jóvenes.

Ante ello, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso y promotor de esta norma, Daniel Mora, aseguró que la ANR ha adoptado esta postura porque perdería “privilegios injustificados”. Indicó que las universidades necesitan fiscalización y mejoramiento en su calidad, tareas que no vienen siendo asumidas por la citada institución.

Cabe recordar que días antes, mientras en la Comisión de Educación se debatía la nueva ley universitaria, un grupo de rectores, encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, Orlando Velásquez, solicitó al primer vicepresidente del Congreso, Marco Falconí, que sus propuestas sean consideradas en la nueva norma.

Tras lamentar la confusión que generan las declaraciones de Daniel Mora, la ANR aclaró que el Conafu fue creado como organismo autónomo por la Ley Nº 26439; y recordó que en diciembre de 2012 entregó un proyecto de una nueva ley universitaria que desarrolla puntos trascendentes sobre el futuro de la universidad peruana; así como también, el uso del canon minero para proyectos de inversión e investigación, entre otros puntos.

Otra entidad que mostró su desacuerdo con el proyecto de ley fue la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior y la Confiep, que discrepa con la creación de un organismo “rector” o Autoridad Nacional de Educación Universitaria adscrita al Ministerio de Educación. Asimismo, se ha mostrado a favor del proceso de acreditación conducido por el Coneau, el cual garantizaría que todas las universidades cumplan con los requisitos de calidad académicos y de servicio.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue una de las primeras en alzar su voz de protesta por el respeto irrestricto a la autonomía universitaria. Al tiempo de mostrar su disconformidad con el dictamen del proyecto de ley que viene debatiendo la Comisión de Educación del Congreso de la República, invocó al Poder Legislativo “el respeto a la Constitución y a la autonomía universitaria; así como proveer a la Universidad Pública de los recursos necesarios con lo cual se permita la búsqueda del desarrollo de la nación en democracia y evitar conflictos sociales”. En similares términos se expresaron también la Alianza Estratégica, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Perú (Fentup), la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Nacional Micaela Bastidas, de Apurímac.

Así, la Asamblea Nacional de Rectores ha manifestado su rechazo a todo tipo de intervencionismo del Estado en las universidades, invita a respetar el orden constitucional vigente e invoca a los congresistas de la República a reflexionar y propiciar un debate público sobre esta ley. La Universidad Nacional Daniel A. Carrión ha expresado su rechazo a la creación del Consejo o Superintendencia Nacional de Universidades, así como a la propuesta de ley de organización y funciones del Ministerio de Educación, atribuyéndole competencias sobre las universidades. De la misma opinión ha sido el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que rechaza el dictamen de la Comisión de Educación respecto a las remuneraciones de los docentes universitarios, cuando señala en su propuesta que “su financiamiento proviene de las transferencias corrientes del Tesoro público”. Exige que se ratifique el artículo 53.° de la presente ley que homologa el sueldo de los docentes.

A su turno, el rector de la Universidad Ricardo Palma, Iván Rodríguez, advirtió que sí se violará autonomía, pues el nuevo organismo propuesto en sustitución de Ley Universitaria podrá cerrar universidades, facultades y escuelas. Asimismo, señala que la creación de una Autoridad Nacional de Educación Universitaria (ANEU) restringiría la autonomía universitaria porque sus integrantes serán nombrados por resolución suprema.

En el plano de las movilizaciones, la Federación de Estudiantes del Perú y la Federación Nacional de Docentes convocaron a la comunidad universitaria a participar de las jornadas nacionales de lucha universitaria de emergencia, las cuales se desarrollaron el 12 y 13 de junio, desde la Plaza Dos de Mayo.

Por su parte, el exministro de Educación Nicolás Lynch manifestó su acuerdo con una nueva Ley Universitaria y la creación de una autoridad que ponga orden en las universidades, pero advirtió que una superintendencia, tal como ha sido aprobada, será regida por los gobiernos de turno. También criticó a la ANR, a la cual consideró como un sindicato de rectores que defienden sus intereses inmediatos. Según dijo, la universidad peruana afronta una profunda crisis producto del abandono del Estado. Demandó la necesidad de promulgar una nueva ley universitaria que acometa la tarea de la reforma en tiempos actuales y que se implemente una autoridad del sistema universitario que sea universitaria, sin injerencia externa.

Es claro que hay una imperiosa necesidad de mejorar la calidad de la educación universitaria y exigir la certificación de sus facultades. Asimismo, se debe subir la valla para la creación de nuevas universidades, solo así tendremos profesionales a la altura de las necesidades del mercado, cada vez más exigente. Para ello, lo más sensato es generar un amplio debate previo incluyendo a todos los estamentos de la comunidad educativa a fin de lograr un instrumento que, sin afectar la autonomía, logre poner por encima de intereses simplemente comerciales la calidad en la formación profesional.

SMO
Otra noticia que ha despertado la polémica está vinculada con la nueva norma del Servicio Militar Obligatorio para todos aquellos que salgan sorteados este 19 de junio. Como se sabe, los jóvenes que cursan estudios en institutos superiores y tecnológicos no serán exonerados del servicio militar, lo cual es considerado un acto discriminatorio, pues señalan que ellos tienen iguales derechos que los estudiantes universitarios. El partido aprista demandó, por ello, una revisión de la ley del servicio militar.

La primera vicepresidenta Marisol Espinoza reconoció que hay defectos en la Ley del Servicio Militar, sobre todo en lo referente a la exoneración para los estudiantes universitarios, pero no para los de carreras técnicas. Espinoza es la segunda integrante del Poder Ejecutivo que muestra disposición a que se revise este reglamento. La semana pasada, el ministro de Cultura, Luis Peirano, manifestó que toda norma era revisable.
El premier Juan Jiménez se ha esforzado por ver el lado amable del asunto. Ha dicho que en el Perú hay 800 mil jóvenes que no trabajan ni estudian, y que el servicio militar es una buena oportunidad. El sociólogo Nelson Manrique se mostró en desacuerdo con dicha afirmación. Dijo que ello no es la mejor alternativa para erradicar el desempleo. “La Ley de Servicio Militar no es una buena medida. Es discriminatoria porque viola principios básicos de un sistema democrático. Es un sorteo con trampa”, dijo.

Sin embargo, para atenuar este descontento generalizado, el jefe del Comando de Reservas y Movilizaciones del Ejército Peruano, general Carlos Paz Figueroa, aseguró que los estudiantes de carreras técnicas que salgan sorteados este 19 de junio tendrán las facilidades para realizar el servicio militar en los cuarteles sin interrumpir sus estudios.

A este respecto, el congresista Mauricio Mulder había manifestado que la ley, tal como se propone ahora, tiene el inconveniente de hacer creer a la juventud que estudiar carreras técnicas no vale la pena, y que la peor universidad es mejor que el más adelantado de los institutos técnicos.

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